Cuando en nuestro artículo del pasado 09 de Abril, titulado “Contraloría investiga”. dábamos a entender que se habría una esperanza para que se investigara a fondo el alto costo en la Convalidación en nuestro país de títulos profesionales adquiridos en el exterior, pues seguíamos, como lo seguimos hoy, creyendo que es un “atraco a mano armada”, toda vez que las respuestas dadas sobre el tema por parte del Ministerio de Educación, no nos convencen de que cueste más de SEISCIENTOS MIL ($600.000) pesos, los costos del estudio, logística y administración para la expedición de una certificación de esta categoría, tal y como lo denunciamos en su momento ante la Contraloría General de la Nación.
Bajo radicado radicado 2018EE0038220, el 3 del presente mes y año, frente a nuestra denuncia, nos decía la Contraloría que “…realizada la evaluación y el análisis del caso, se ha dado traslado a la Contraloría Delegada para el Sector Social de la Contraloría General de la República, dependencia que dentro de nuestra estructura interna tiene la competencia para atender su requerimiento, el cual se encuentra sujeto a los términos y procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley…”
Pues bien, el pasado 9 de Abril, la Contraloría vuelve a darnos una respuesta a nuestra solicitud de investigación, a través del radicado 2018EE0041012, y esbozando principalmente que:
“En consecuencia, la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Social, tendrá la información por usted aportada, como referencia indiciaria en las futuras actuaciones fiscales que adelante esta Delegada en torno al tema planteado en su escrito y que serán programadas para realizar próximamente”.
Y continúa diciendo que “No obstante, vale la pena aclarar que a la Contraloría General no le es posible intervenir en los procesos administrativos, como el de convalidar las tarifas del Ministerio, entre otras solicitudes. La Contraloría General de la República NO es una entidad de la Rama Administrativa del Poder pública, sino que en la estructura del Estado ocupa el lugar de un organismo autónomo e independiente para la vigilancia de la gestión fiscal (artículos 113, 117, 119 y 267 de la Constitución Política). A este organismo de control no le es permitido manifestarse ni intervenir sobre los trámites internos que competen a cada organismo gubernamental, como al que hace alusión su petición, asi como tampoco inmiscuirse en ninguna actuación por parte de las entidades estatales”. (Texto completo de la respuesta haciendo clic aquí).
De lo anterior se desprende que la Contraloría General de la República no adelantará investigación alguna para establecer lo justo o injusto que son actualmente los cobros por la convalidación de títulos profesionales adquiridos en el exterior, y en consecuencia, “COLEXRET” se dirigirá a la Defensoría del Pueblo, y Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia, pues nosotros seguimos convencidos que debe existir algún error en la liquidación para imponer el costo de esas gestiones.
Titulares relacionados con el tema:
Comentarios