Una de las grandes satisfacciones de COLEXRET, es que llega a donde tiene que llegar; y aparte de que nos leen y nos creen, muchos de nuestros lectores nos ayudan a confirmar lo denunciado, mediante testimonios escritos o documentos oficiales.
Ayer publicamos, “Así se contrató la herramienta tecnológica para la elección de Delegados a la Mesa de las Migraciones”, y hoy 08 de diciembre, en horas de la madrugada (España), nos hicieron llegar pruebas que dan lugar a continuar con esa información, pero ya en la parte que desafortunadamente afecta directamente a la ciudadanía, y de ahí nuestro titular “Detengan el proceso de inscripción, y elección de Delegados a la Mesa de las Migraciones: Corrupción a la vista”. Lo descubierto, y que describiremos enseguida, debe llevar como mínimo, a la suspensión temporal del proceso de elección, hasta tanto la propia Cancillería no aclare estas situaciones.
Empresa contratada por Cancillería para llevar el Proceso de Elección de candidatos a la Mesa de las Migraciones.
Ingresando aquí podrán ver el Registro de Cámara de Comercio de la Firma “Servicios Integrales del Estado Colombiano “SIEC”, SAS, una Sociedad de economía mixta identificada con el NIT: 901.613.090-2, con sede en la Cra. 11A No. 94A – 56 de la ciudad de Bogotá, legalizada el 14 de julio de 2022, cuya única renovación aparece el 12 de marzo del presente 2024. Ojo con esas fechas.
Con esa empresa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, asesorado y coordinado por la Dirección de “Colombia Nos Une”, que como es ya sabido tiene como Coordinadora Internacional a la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, muy cuestionada desde el comienzo de su posesión en ese cargo, firmó el Contrato 371-2024, que pueden ver al completo aquí, con el objetivo principal y único, de “Contratar el servicio de herramienta Cloud Computing para realizar los procesos de postulación y elección de los delegados e integrantes de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones”.
(Vean aquí “La historia al completo de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones”.)
Dueños y/o directivos de la empresa “Servicios Integrales del Estado Colombiano”:
La Junta directiva, incluyendo su gerencia, de la mencionada Firma “Servicios Integrales del Estado Colombiano “SIEC”, SAS”, esta compuesta por, Rafael Leonardo Páez Fuentes, José Francisco Herrera Acosta, y Yohanna Chavez Nieto.
En el caso de Rafael Leonardo Páez, reconocido contratista del Estado colombiano, el 12 de julio de 2024, en su calidad de Representante legal de la firma en referencia, firmó también con el “Consorcio Segovia Remedios 2024”, el contrato No. CP-PR-2024-020, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES, CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($38.238.121.127), “para el mejoramiento de la vía rural que comunica los municipios de Segovia y Remedios como estrategia regional para incrementar la competitividad agropecuaria y reactivación económica de estos municipios del Dpto. de Antioquia”, desarrollado en tan solo CATORCE (14) MESES.
Pero hay más; como lo podrán ver en la siguiente imagen (Pantallazo de la red social X), el 03 de enero de 2019, el actual Congresista, y Ex-presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, por el Pacto Histórico, David Racero, denunciaba que “Rafael Leonardo Páez Fuentes, postulado como Jefe de la Oficina de Protección al Usuario de la Superintendencia del Subsidio Familiar; Ex Secretario General de CAPRECOM y vinculado a uno de los escándalos de corrupción más grandes, que afectó al sistema de salud en su conjunto”.
Por su parte, José Francisco Herrera Acosta, fue Senador por el Partido Cambio Radical en el periodo 2010 – 2014, y ahí ya no hay nada más que decir.
Eligieron la empresa sin experiencia y menos capital social.
Hasta aquí, parece que todo es legal, pero ojo, en el concurso que contrataría a la Firma que se encargaría de llevar el proceso de Inscripción y elección de candidatos a Delegados de la Mesa Colombiana de las Migraciones, se presentaron TRES (3) empresas; una de ellas renunció por razones que desconocemos, las otras dos continuaron, entre ellas la hoy contratada “SIEC”.
De las dos que quedaron, la que menos experiencia tenía en el campo contratado fue precisamente la que eligió el Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando por fuera a la otra, que tiene una gran trayectoria en procesos similares.
Obviamente, al estar “Servicios Integrales del Estado Colombiano “SIEC”, SAS, compuesta por un Ex-Senador, y otro “experto” en contrataciones con el Estado colombiano, tal y como lo describimos anteriormente, y sin entrar a “malpensar” que se realizaron ciertos “malabares”, que dados los hechos es normal que aparezcan y permanezcan en el pensamiento ciudadano, era apenas obvio que se le adjudicara ese contrato, no a la firma como tal, sino a este par de personajes.
Legal o ilegal? Eso tendrá que certificarlo la Justicia, pero lo que si podríamos decir es que es una actuación inmoral y antiética, máxime cuando estamos en el tal gobierno del CAMBIO, cuyo Presidente no comparte el hecho de que le den continuidad en las contrataciones estatales a una empresa, así lo haya hecho bien; como tampoco está de acuerdo que se le adjudiquen varios contratos a la vez a una misma. Recordemos que esa fue la principal razón por el pleito en la licitación de pasaportes con la Firma Thomas Greg & Sons (TGS).
Proceso que puede ser ilegal y corrupto.
Para un contrato de $650.000.000, como es el monto que se pagará a la empresa contratada para llevar el proceso de autos, en el procedimiento para estos casos, el Registro Único de Proponentes “RUP” indica que su capital debe ser superior a $200.000.000, y la empresa contratante, de acuerdo a su registro de fundación solo cuenta con un capital real de $100.000.000, y no se aprecia que hayan habido aumentos de ese capital en los dos años de creada.
Con un capital de tan solo CIEN MILLONES ($100.000.000) DE PESOS, cómo y con qué va a responder “SIEC” en el caso de una demanda por el total de la contratación, si esta es de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($650.000.000) DE PESOS?. Pero además, vean lo que dice la Cláusula DÉCIMA, del Contrato 371-2024, firmado por Cancillería con la mencionada Compañía, donde se establecen las garantías económicas que debe brindar la empresa contratada:
Ahora vean lo que dicen las siguientes cláusulas del mismo contrato, y luego explicaremos en donde nace el gran problema para Inscritos y Candidatos a Delegados, ya que, creemos que están en grave riesgo los datos personales de todos ellos:
Contrato 371-2024 del Ministerio de Relaciones ExterioresAntes de entrar a describir el grave peligro que están corriendo los datos de nuestros connacionales en el exterior, la población retornada, y los extranjeros residentes en Colombia que se inscriban al proceso, bien como integrantes de la Mesa, o como candidatos a Delegados, vean otra de las grandes burradas de la Cancillería en la Cláusula 14 del contrato 371/2024, hablando dizque de unas películas, como “Balanta”, “La casa de mamá Icha”, y “Los reyes del mundo”, “sincronizadas en idioma inglés y español, y otros idiomas si existen”
Seguro se equivocaron, pero es para mostrar una vez más la falta de atención, voluntad y cuidado del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando firma ese tipo de contrataciones. O lo que es lo mismo, ineptitud y mediocridad. Se limita a “copiar y pegar” de otros contratos, y como al parecer nadie revisa, pues así se quedan y terminan.
Como bien lo pueden apreciar en el Contrato 371-2024, la Firma “Servicios Integrales del Estado Colombiano “SIEC”, SAS, no puede bajo ninguna circunstancia contratar, subcontratar, ni ceder parcial o totalmente el mismo, y mucho menos con una empresa extranjera.
(Le puede interesar: “Más de una década en pro de los colombianos en el exterior”.)
La empresa que lleva el proceso no es la misma contratista.
Pues bien, la empresa con la que esta Casa Informativa ha tenido contacto, puesto que nuestro director Ricardo Marín Rodríguez fue nombrado Veedor del proceso electoral para la elección de los Delegados a la “Mesa Colombiana de las Migraciones”, es “Evoting”; y es quien en realidad opera todo el sistema y lleva en su totalidad el tema; ojo, incluyendo los datos de inscriptores y candidatos, es una Firma Chilena creada en el año 2013.
Absténgase de inscribirse y continuar con el proceso de elección a la Mesa de las Migraciones.
En vista de lo anterior, y que está plenamente documentado, con gran tristeza, rabia e impotencia, el Fundador/Director de COLEXRET, Ricardo Marín Rodríguez, pionero e investigador desde hace más de DIEZ (10) AÑOS en el proceso de conformación de la “Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones”, pide a los colombianos en el exterior, a la población colombiana retornada a nuestro país, y a los extranjeros en Colombia, que se hayan inscrito, bien como integrantes o candidatos a Delegados, que soliciten a la Cancillería las anulaciones como tal; al igual que hacemos un llamado al resto de la población que integra la Temática Migratoria Colombiana, para que no continúe votando en este proceso, y a los Candidatos a Delegados, que por favor renuncien al mismo.
De no hacer lo uno y otro, estarían cerrando los ojos ante un acto que bien puede traer acciones corruptivas. Estarían prácticamente siendo cómplices de este tipo de actos que si bien no puede llegar a comprobarse su ilegalidad, si, desde cualquier punto de vista, son inmorales y antiéticos.
Recordemos las palabras de Willy Brand “Permitir una injusticia es abrir el camino a las demás”.
No hay confianza en el proceso de elección de Delegados.
No se puede confiar en un proceso que lo está llevando una empresa representada por un Ex-Senador de la República, y un reconocido contratante de la misma; y mucho peor, que los datos de los colombianos caigan en manos de una empresa extranjera, dedicada a “procesos de votaciones electrónicas”, como lo es Evoting.
Saben Uds. qué pueden hacer ellos, comenzando por el reconocido político José Francisco Herrera Acosta que hasta hace 10 años hacía parte del Poder legislativo de nuestro país, y ahora conforma una empresa mixta sin ningún tipo de experiencia para la que fue contratada, con los datos de los ciudadanos que recoja en este proceso?
Y sin dejar atrás lo que pudiera llegar hacer en ese mismo sentido, el reconocido contratista del Estado colombiano, Rafael Leonardo Páez Fuentes, al igual que una empresa extranjera, sin registro legal en nuestro país, al menos con anterioridad a la firma del Contrato 371-2024?
(De interés: “Cancillería colombiana, una prueba más de su ineptitud y negligencia”.)
Grave peligro para los datos de los colombianos en el exterior y demás población migrante.
La Ley 1581 de 2012, reguladora de la protección de datos personales en Colombia, si bien es importante y de estricta aplicación para todos, creemos que lo es mucho más para los colombianos en el exterior, especialmente por la diversidad de condiciones que enfrentan como migrantes económicos, exiliados, refugiados y retornados.
Esa población suele encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, donde la protección de su información personal es clave para garantizar su seguridad y dignidad. En contextos de refugio o exilio, la exposición indebida de datos puede comprometer su integridad física o generar represalias en sus países de origen. Además, el uso no autorizado de sus datos podría conducir a casos de suplantación de identidad, discriminación, o exclusión de procesos legales y sociales.
La protección de datos es también un pilar para el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a servicios consulares, la participación electoral y el resguardo de su privacidad en el ámbito digital. Para los integrantes de la temática migratoria colombiana, la ley no solo garantiza su privacidad, sino que también actúa como una herramienta para construir confianza en las instituciones y salvaguardar su autonomía frente a posibles abusos de poder.
En un mundo cada vez más digital, la correcta implementación de esta ley es indispensable para fortalecer la relación entre el Estado colombiano y sus ciudadanos en el exterior, y no se puede permitir que esa información caiga en manos de Ex-Congresistas, y ahora contratistas del Estado colombiano, al igual que otro reconocido contratista; y adicionalmente de una empresa extranjera, que como ya lo dijimos es experta en “Procesos de votaciones electrónicas”.
Cancillería debe aclarar estas situaciones antes de continuar con el proceso.
Este proceso, tanto el de las inscripciones a la “Mesa”, como el de las elecciones para el nombramiento de Delegados a la misma, debe detenerse hasta tanto la Cancillería colombiana, a quien llegará este artículo denuncia, como Derecho de petición, aclare públicamente:
- Información minuciosa y detallada del proceso de selección de la Firma “Servicios Integrales del Estado Colombiano “SIEC”, SAS, donde se incluya el “factor diferencia” de esta Compañía, con la otra que se presentó para el mismo fin y fue descalificada.
- Sabía la Cancillería colombiana que la empresa contratada estaba y está integrada por el Ex-Senador José Francisco Herrera Acosta, del Partido Cambio Radical; y Rafael Leonardo Páez Fuentes, reconocido contratista del Estado colombiano?
- Desde cuándo (comprobándolo con documentos), está registrada en Colombia la “Firma chilena Evoting”?
- Si la mencionada Firma Evoting no está registrada en Colombia, y sin haber sido contratada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores para estos efectos, ¿por qué está participando directamente en este proceso, con la grave consecuencia de que está conociendo, y puede conservar en sus archivos los datos de los inscriptores y candidatos a Delegados?
- Aparte de quienes lo firmaron, qué funcionarios o trabajadores del Estado, con nombres y cargos, elaboraron y revisaron el Contrato 371-2024?
En los próximos días, estas irregularidades detectadas por COLEXRET, serán puestas en conocimiento de la justicia por parte de ciertos expertos conocedores del tema, que consideran ese contrato con vicios de nulidad.
Yolanda Villavicencio debe renunciar o ser destituida.
Para finalizar, y de no haber claridad total y convincente en los puntos anteriores, la primera persona que debe renunciar, o ser declarada insubsistente en el cargo, pero de inmediato, es la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, Coordinadora Internacional del Grupo “Colombia Nos Une”, pues en cabeza de ella es que está desde el comienzo este proceso.
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