El parlamento de la Unión Europea con el fin de determinar prioridades en otorgamiento de asilos, desde hace un tiempo ha decidido hacer una clasificación de países de origen de la migración que pudieran ser valorados como seguros para el retorno devolución de sus migrantes.
Esa calificación hará que las autoridades de migración de los países europeos consideren a los ciudadanos de estos países como candidatos menos prioritarios para otorgarles residencia humanitaria y asilo.
El listado en las relaciones internacionales y la política migratoria crea dos realidades:
Por un lado, hay satisfacción en los gobiernos de los países considerados como seguros porque la Unión Europea, les valora positivamente a nivel internacional.
Por otra parte, para los actuales y potenciales solicitantes de asilo es negativo porque tendrán que enfrentarse a una dura realidad, se hace más difícil su aceptación y en cambio se facilita el inevitable retorno express a su país de origen.
Precisamente, dentro de este proceso de clasificación de países seguros para el retorno de migrantes, en abril se ha propuesto a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India y Túnez, según han confirmado fuentes diplomáticas de la comisión europea. Situación que ha causado múltiples valoraciones y reacciones que se exponen a continuación.
(Otras opiniones del autor, ingresando aquí).
Significado para la Unión Europea de un “país seguro”.
En el contexto de la Unión Europea, un “país seguro” es aquel donde en general no existen amenazas graves a la vida o integridad física de sus ciudadanos por lo tanto no hay riesgo de persecución, amenaza de muerte o tortura, lo que influye directamente en el tratamiento de solicitudes de asilo.
Al estar incluido Colombia en esta lista, significa que la UE considera que las solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos pueden ser evaluadas bajo un procedimiento acelerado o incluso rechazadas de manera más expedita, salvo que existan circunstancias excepcionales.
De otro lado, la inclusión de Colombia como “país seguro” por la Unión Europea, marca un punto de inflexión en su posicionamiento global sobre Colombia. Aunque plantea nuevos desafíos en materia migratoria para los connacionales en sus posibilidades de protección, también representa un reconocimiento por parte de la Unión de los avances en estabilidad democrática, protección de derechos humanos y gobernabilidad que ha logrado el país en las últimas dos décadas. Por esta razón el Gobierno colombiano ha recibido el anuncio con optimismo, interpretándolo como un reconocimiento internacional a los esfuerzos de paz y reconstrucción institucional.
4 Factores principales que motivaron esta decisión.
- Fortalecimiento institucional: Colombia ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales.
- Acuerdos de paz: La firma del acuerdo con las FARC en 2016 y los esfuerzos actuales por dialogar con otros grupos armados han reducido notablemente los niveles de violencia política en amplias regiones del país.
- Colaboración internacional: La cooperación estrecha con organismos multilaterales y la UE en temas como migración, derechos humanos y desarrollo sostenible ha mejorado la percepción internacional de Colombia.
- Estabilidad económica: A pesar de los desafíos sociales, Colombia ha mantenido una economía abierta y relativamente estable, lo que también contribuye a su imagen como un país funcional y seguro.
(Vea aquí, “Más de una década en pro de los colombianos en el exterior”).
Graves implicaciones para los solicitantes de asilo y de protección internacional:
La principal consecuencia práctica de esta designación, como se ha mencionado, es que las solicitudes de asilo en países de la UE de ciudadanos procedentes de países seguros se enfrentarán a un mayor escrutinio y podrían ser rechazadas con mayor rapidez. Se podrá aplicar una denegación express lo que representa un cambio importante, ya que Colombia ha sido, en años recientes, uno de los países con más solicitudes de asilo en Europa, particularmente en España. La puerta que queda es que la inclusión en esta lista no afecta otras vías de migración regular, como visados de estudio, trabajo o reagrupación familiar.
A nivel global las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por esta decisión, argumentando que aún existen regiones del país afectadas por violencia armada, presencia de grupos ilegales y desplazamiento forzado. La Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que, si bien el país ha mejorado, la seguridad no es uniforme en todo el territorio nacional.
Portavoces de Amnistía Internacional “AI”. consideran que básicamente habrá una presunción de que el país es seguro para las naciones receptoras y es la persona la que tendrá que demostrar lo contrario, lo que puede ser una carga de prueba muy complicada sobre todo en un proceso acelerado nada más llegar a las fronteras de Europa.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado “CEAR” opina que este proceso puede dar lugar a más discriminación entre las personas refugiadas al generalizar, cuando normalmente una persona que pide refugio lo hace porque está en riesgo por razones individuales, por lo que desde “CEAR” lo ven una medida “claramente disuasoria e injusta”. Consideran que es un paso atrás en sintonía con lo que viene haciendo la UE con respecto al derecho de asilo y que es contradictorio con la Convención de Ginebra, que es un tratado que también vincula a la UE, estableciendo que tiene que estudiarse individualmente cada caso. Esta es una medida que va precisamente en contra de ese estudio al prejuzgarlo previamente.
Por:
Julián Castrillón
Doctor en ciencias económicas y empresariales,
Universidad complutense de Madrid – España.
PHD Economía UCM
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