Analizando diferentes situaciones publicadas por esta Casa informativa, en donde mostramos nuestro inconformismo frente a las expresiones y formas utilizadas en escenarios públicos, entre ellos las Redes sociales, por algunos Funcionarios y/o Servidores estatales, <a href="https://www.colexret.com/politica/por-que-hace-proselitismo-politico-en-maicao-porque-de-malas/">incluyendo a nuestros H. Congresistas, en especial a la vulgar, grosera y maleducada Sra. Carmen Felisa Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior,</a> hemos querido transcribir apartes de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">Sentencia T-124 del 04 de mayo de 2021</a>, con la ponencia de la H. Magistrada Diana Fajardo Rivera, como una forma de darle a conocer a la mencionada Congresista Ramírez Boscán, la obligación que tiene de utilizar la prudencia, lenguaje y formas en las intervenciones que por uno u otro medio voluntaria o accidentalmente de a conocer a los ciudadanos.
Usted, Sra. Carmen, ya no es una ciudadana del común, pues desde el 20 de julio del 2022 ostenta el cargo de Congresista de la República de Colombia, y en consecuencia, hoy, tiene más limitaciones frente a su libertad de expresión que antes. Es decir, tiene que cuidar más lo que sale de su, como se dice en el argot popular, bocaza o jeta.
Usted, Sra. Ramírez, ya no puede ir por el mundo vociferando, insultando, agrediendo verbalmente, señalando con el dedo o con su endemoniada mirada, gestos o ademanes guerreristas a los ciudadanos, por el hecho de no pensar igual; por ejercer su derecho al &#8220;Control político&#8221;, lo mismo que a la &#8220;Participación ciudadana&#8221;; y sobre todo por hacer uso de su infranqueable derecho a la &#8220;Libertad de expresión&#8221;.
(Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/editorial/colombia-un-estado-de-derecho-excluyente-con-los-colombianos-en-el-exterior/">&#8220;Colombia, un Estado de derecho excluyente con los colombianos en el exterior.&#8221;</a>)
<h2>Corte Constitucional limita la libertad de expresión en Funcionarios públicos.</h2>
Y para que no se le olvide a usted, y demás funcionarios o servidores públicos, entre ellos a los del Ministerio de Relaciones Exteriores, a continuación una breve ilustración sobre la libertad de expresión en Funcionarios públicos en Colombia, dictada por nuestra Corte Constitucional.
&#8220;(…), es claro que cuando los funcionarios públicos comunican una información u opinión a la ciudadanía, sin importar que se encuentre contenida en un acto administrativo, tiene la potencialidad de lesionar derechos o principios constitucionales, sin que sea posible escudarse en la ausencia de un acto administrativo para eludir cualquier tipo de responsabilidad. En todo caso, cabe precisar que, las expresiones de los funcionarios públicos no podrán ser objeto de censura previa, sino que están sujetas a responsabilidades ulteriores.&#8221;
En el numeral 52, de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">Sentencia T-124/2021</a>, observamos:
&#8220;Ahora bien, aun cuando la titularidad del derecho a la libertad de expresión es universal, su ámbito de protección se expande o se restringe dependiendo de quién es la persona que emite la opinión o información. Deben valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en la sociedad. 
En relación con los funcionarios públicos, tanto la jurisprudencia constitucional como interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de expresión, cuando es ejercido por servidores públicos en el desempeño de sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un particular, puesto que al pronunciarse como una autoridad pública no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública.” En todo caso, la libertad de expresión de los funcionarios públicos, al igual que la de cualquier persona, también está sujeta a las reglas de los discursos prohibidos, señaladas en el párrafo 50 de esta providencia.&#8221; (Resaltado nuestro.)
En el numeral 53 de la misma sentencia, indica la Corte Constitucional que, &#8220;La limitación al derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos tiene fundamento en el deber constitucional que se les impone de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En efecto, cuando las autoridades públicas actúan en ejercicio de sus funciones “tienen un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del territorio.” 
En consecuencia, dado que “ostentan una posición de garante frente a las prerrogativas de los asociados, es necesario que se guíen bajo el criterio de máxima prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos.” Lo anterior aunado al hecho de que la emisión de opiniones o información por parte de funcionarios públicos “puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las creencias de las gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza que las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos.”
<h2>El derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al mayor compromiso social que tienen respecto de un particular.</h2>
En este mismo sentido, en la Sentencia T- 949 de 2011, la Corte Constitucional resaltó que el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al mayor compromiso social que tienen respecto de un particular: “[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. En esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad de expresión de los servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales debe activar su derecho/deber de difundir o expresar información oficialmente relevante.” (Resaltado fuera de texto.)
(Entérate cómo, <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/colombia-nos-une-podria-naufragar-por-culpa-de-su-coordinadora-internacional/">&#8220;Colombia Nos Une podría naufragar por culpa de su Coordinadora Internacional.&#8221;</a>)
Luego, en el numeral 54 de la sentencia de autos, dice la H. Corte Constitucional, que,
&#8220;Ahora bien, en algunas sentencias esta Corte ha establecido que los altos funcionarios del Estado, cuando emiten una opinión o presentan una información, más que el simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ejercen un poder-deber de comunicación permanente con la ciudadanía. Esto significa que los pronunciamientos y declaraciones públicas de estos servidores no entran exclusivamente en el ámbito de su libertad de expresión, sino que constituyen una forma de ejercer sus deberes frente a los administrados, además de constituir un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada, lo que posibilita la discusión y participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan, así como el control del poder público.&#8221; (Resaltado nuestro.)
Por su parte, en los numerales 55, 56 y 57 de la referida sentencia, expresa la Corte que, &#8221; 55. A partir de lo anterior la Corte ha señalado que en ejercicio de este poder deber, los altos funcionarios del Estado tienen la facultad y, a su vez, la obligación de (i) informar sobre asuntos de su competencia; (ii) fijar la posición de la entidad frente a los mismos; (iii) dar a conocer las políticas oficiales; (iv) analizar, comentar, opinar y, defender el programa gubernamental que desarrollan; (v) responder a las críticas; y (vi) fomentar el ejercicio de una participación ciudadana responsable, entre otros. 
Por lo anterior, se han identificado dos escenarios del referido ejercicio comunicativo, diferenciables a partir de la intención del discurso divulgado, a saber: (i) aquellas manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas otras en las que, más allá de la transmisión objetiva de información, se expresan cuestiones acerca de la política oficial, defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión sobre algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales.&#8221;
&#8220;56. En el primer escenario, al estar involucrado el derecho a la información, esta debe someterse a las cargas de veracidad e imparcialidad. Por su parte, en el segundo evento, dado que no existe una intención de transmitir información, sino de divulgar criterios personales sobre la política oficial, defender la gestión, responder a críticas, o emitir juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación personal y subjetiva, no siendo exigible la estricta objetividad. No obstante, para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad.
<h2>Libertad de expresión de funcionarios en Redes sociales.</h2>
&#8220;57. De otro lado, esta Corte también ha precisado que el uso de medios masivos de comunicación por parte de altos funcionarios del Estado exige de estos un uso cuidadoso. En efecto, “el empleo de estos medios genera una responsabilidad mayor (…) en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos.” 
Dentro de los medios masivos de comunicación, ha considerado este Tribunal que también deben incluirse las redes sociales, pues “constituyen un canal con una amplia difusión y/o capacidad para llegar a un número extenso e indeterminado de personas”, razón por la cual “el uso de este tipo de instrumentos por funcionarios públicos, especialmente aquellos que ostentan altos cargos, genera una mayor responsabilidad, dada la importancia que para la opinión pública presentan sus declaraciones.”
Y sobre el tema de la Libertad de expresión en funcionarios o servidores públicos, termina nuestra Corte Constitucional argumentando en el <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">numeral 58 de la Sentencia T124/2021</a>, que,
&#8220;En suma, dado que los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar los derechos de todas las personas y asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico, es necesario que el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se encuentre sometido a cargas especiales y a mayores restricciones que el resto las demás personas. Por tanto, las opiniones o informaciones que trasmitan a los ciudadanos, en especial si se trata de altos funcionarios del Estado, deben estar provistas de una especial diligencia y cuidado a fin de evitar que con éstas se lesionen o pongan en riesgo los derechos de las personas. Esta responsabilidad se acentúa cuando el mensaje se transmite a través de medios masivos de comunicación, como las redes sociales, dada su amplia capacidad de difusión y penetración en la sociedad.&#8221;
(Así es la <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/impunidad-en-la-cancilleria-colombiana-al-omitir-sanciones-a-sus-funcionarios-por-faltas-graves/">&#8220;Impunidad en la Cancillería colombiana al omitir sanciones a sus funcionarios por faltas graves.&#8221;</a>)
<h2>Congresista por el exterior tendrá que aprender a callar su bocaza.</h2>
Con lo anterior, y haciendo referencia especialmente a las hirientes, ofensivas y humillantes expresiones que han salido de la bocaza de la Sra. Carmen Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, en diferentes oportunidades y escenarios públicos, y que hemos denunciado en esta web informativa, al igual que algunos términos utilizados por el Dpto. jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores contra nuestro director <a href="https://twitter.com/ricardomarinro">Ricardo Marín Rodríguez</a>, cuando responden nuestros derechos de petición, queremos, no pedirles, sino exigirles respeto total para con la ciudadanía, pues recuerden que esa ciudadanía es la razón de ser de ustedes.
En un próximo artículo les traeremos lo que sobre el &#8220;Irrespeto ciudadano&#8221; ha dicho nuestra Corte Constitucional, para que tanto funcionarios como servidores públicos dejen a un lado su sensible delicadeza e ínfulas de Reyes o Amos, argumentando que se les está irrespetando por el solo hecho de decirles unas cuantas verdades, o de exigirles cumplir con sus promesas electorales, o con las funciones que revisten sus cargos. Por decirles mentirosos porque mienten, falsos porque falsean, Corruptos porque cometen actos de corrupción, traidores porque traicionan, cobardes por no enfrentar los debates públicos, y más cobardes <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/bloqueo-en-redes-sociales-cancilleria-y-colombia-nos-une-imitan-a-congresistas/">por eliminar de sus espacios en Redes sociales a quienes ejercemos nuestro derecho al &#8220;Control político.</a>&#8221;
Con relación a esto último, trabajamos muy duro desde hace varios años, y creemos que el momento de ponerle tatequieto a los cobardes funcionarios, gobernantes y congresistas que bloquean a los ciudadanos de sus espacios en las Redes sociales, ha llegado. Muy pronto tendrán noticias sobre el tema, y aspiramos decirles que, si bien al respecto hemos perdimos algunas batallas, ganamos la guerra.

Congresista Carmen Ramírez Boscán

Corte Constitucional limita la libertad de expresión en Funcionarios públicos

El 22 de enero del 2019, bajo el titular &#8220;Preguntar es tu derecho, responder es obligación del Estado = Justicia&#8221;, <a href="https://www.colexret.com/2019/01/22/preguntar-es-tu-derecho-responder-es-obligacion-del-estado-justicia/">visible aquí</a>, dábamos una resumida orientación acerca de lo que es un &#8220;Derecho de petición&#8221; en Colombia, establecido por nuestra <a href="https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-23">Constitución Nacional en su artículo 23</a>, y regulado a través de la <a href="http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html">Ley 1755 de 2015</a>, presentado desde el exterior.
Posteriormente, el 02 de marzo de 2020, titulábamos en otra de nuestras publicaciones &#8220;Derecho de Petición en Colombia para colombianos en el exterior&#8221; <a href="https://www.colexret.com/2020/03/02/derecho-de-peticion-en-colombia-para-colombianos-en-el-exterior/">(Ver aquí)</a>, y adjuntábamos un video de la amplia y detallada explicación que ofrecimos sobre el tema, en un importante foro realizado en las instalaciones de la prestigiosa <a href="https://www.revistaguiame.es/">&#8220;Revista GUÍAME&#8221; </a>en la ciudad de Madrid &#8211; España, donde estuvo presente un importante número de ciudadanos colombianos, y que pueden ver <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JHLm2Wuethg&amp;t=9s">haciendo clic aquí</a>.
Si bien en esas dos publicaciones dejamos claro que un derecho de petición puede ser presentado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos tal y como lo establece el <a href="http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html">artículo 15 de la Ley 1755 de 2015</a>, no indicamos que uno de esos medios incluía los espacios en Redes sociales abierto por las entidades gubernamentales, sus funcionarios, gobernantes y legisladores para intercomunicarse con los ciudadanos, por cuanto aún nuestra Corte Constitucional no se había pronunciado al respecto, algo que hizo el 07 de julio de 2020 mediante Sentencia T-230/20, con la Ponencia del H. Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.
En esa Sentencia, la Sala de nuestra Corte Constitucional analiza el caso de un derecho de petición presentado por mensaje directo dirigido al perfil de Facebook del Acueducto de Popayán, requiriendo copia de algunos documentos relativos a las obras que realizaba la empresa en un sector del municipio, pero la respuesta de la entidad fue solicitar al tutelante redirigir su requerimiento a los canales autorizados, toda vez que las redes sociales no tenían ese propósito.
Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/2022/10/14/colombia-un-estado-de-derecho-excluyente-con-los-colombianos-en-el-exterior/">&#8220;Colombia, un Estado de derecho excluyente con los colombianos en el exterior&#8221;</a>
En el resumen de la Sentencia T-230/20, dice nuestra Corte Constitucional que:
&#8220;Al respecto, se considera que, si bien es constitucional y legalmente admisible que las entidades definan los canales autorizados para el trámite de solicitudes ciudadanas, lo cierto es que, en concordancia con la regulación amplia contenida en el &#8220;CPACA&#8221; (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo), sobre el derecho de petición, cuando una entidad hace uso de redes sociales, como Facebook, debe tener presente que ellas también constituyen un medio idóneo para el ejercicio del citado derecho, de carácter electrónico, dado que permiten una comunicación bidireccional con los usuarios. Lo anterior, siempre que la solicitud se realice en términos respetuosos, se trate de una de las expresiones que suponen el ejercicio de tal derecho, y se pueda identificar al originador del mensaje, así como determinar que este aprueba su contenido&#8221; (Resaltado fuera de texto).
Y prosigue nuestra H. Corte diciendo que &#8220;En este sentido, si la red social permite una comunicación con doble direccionalidad, los mensajes que cumplan con las características propias del derecho de petición tendrán que ser resueltas por la entidad, de acuerdo con los estándares constitucionales y legales correspondientes, a menos que ella elimine dicha opción y tan solo deje habilitado un canal oficial. En efecto, a pesar de que un organismo señale una dependencia como la habilitada para el trámite de peticiones, si ella utiliza redes sociales bidireccionales asume la posibilidad de que algún ciudadano formule por esa vía una solicitud que reúna los requisitos de una petición, la cual debe ser tramitada, como lo dispone el CPACA, en desarrollo del artículo 23 de la Constitución. Para tal efecto, la entidad podrá determinar si redirecciona directamente tales solicitudes al área encargada de atención al usuario, o habilita su trámite por la Dependencia que recibió la comunicación, o asume cualquier otra medida que estime pertinente, sin que la carga de redirigir la solicitud pueda ser trasladada al peticionario&#8221;.
Sobre este punto, cabe anotar que, al menos en lo que concierne a Facebook, los perfiles de las entidades permiten deshabilitar la recepción de mensajes directos por los ciudadanos, de manera que la cuenta no sea, en principio, un medio para tramitar PQR. Pero, de no eliminar esa posibilidad, y de permitir que, por ejemplo, por el “muro” se reciba un mensaje de datos que suponga la obligación constitucional de respuesta, se deberá dar trámite en los términos en que fue descrito en este fallo (numeral 4.6.5.4), lo que no se ve afectado por la falta de agotamiento del proceso de verificación de una cuenta, siempre que se logre probar que efectivamente fue creado por la entidad y esta utiliza para, entre otros fines, informar a la ciudadanía.&#8221;
Frente al caso concreto, se estimó que, si bien el Acueducto tenía asignada una dependencia para tramitar los PQR que eran presentados por los canales dispuestos para tal efecto, al crear el perfil de Facebook mantuvo habilitada la comunicación bidireccional, por lo que tenía la carga de redireccionar internamente la petición para dar el trámite correspondiente a efectos de responder la solicitud de fondo, de manera oportuna, clara, precisa, congruente y consecuente. Lo anterior, sumando al hecho que se verificó que el requerimiento del accionante se había realizado en términos respetuosos, cumplía con las exigencias legales y constitucionales, y era posible identificar al originador del mensaje y que este aprobaba su contenido.&#8221;
Ver texto completo de la Sentencia T-230 del 07 de julio de 2020 <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-230-20.htm">haciendo clic aquí.</a>
En pleno Gobierno del cambio, en este caso cambio para mal, esta última parte fue la que tomó como excusa o atenuante la Cancillería Colombiana, para deshabilitar la opción de que los ciudadanos puedan hacer publicaciones en el espacio en Facebook que tiene la entidad, con el agravante (a nuestro entender), que está vulnerando su derecho a la participación ciudadana y de expresión a través de ese canal de intercomunicación entre la entidad y los usuarios. Ver <a href="https://www.colexret.com/2022/07/24/cancilleria-colombiana-vulnera-asi-derecho-a-la-participacion-ciudadana/">&#8220;Cancillería colombiana vulnera así derecho a la participación ciudadana&#8221;</a>
Y ya no solo lo hace la Cancillería colombiana y sus Dependencias, sino que se convirtió en moda para otras entidades, funcionarios, gobernantes y legisladores.  Aunque algunas y algunos han llegado a algo más grave, bloquear a los usuarios de los mismos, tal y como lo hizo el anterior Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez Trujillo (Julio 2018 &#8211; Julio 2022), y que por esos hechos COLEXRET tiene entablada una denuncia ante la &#8220;Comisión Interamericana de Derechos Humanos&#8221;, de la Organización de Estados Americanos &#8220;OEA&#8221;, cuya historia completa pueden <a href="https://www.colexret.com/2020/05/17/sin-jurisprudencia-frente-al-bloqueo-en-redes-sociales-colombia-debilita-su-democracia/">ver aquí</a>.
Vean aquí la <a href="https://www.colexret.com/2022/10/13/negligencia-e-ineptitud-de-la-fiscalia-ante-denuncia-que-afecta-a-los-colombianos/">&#8220;Negligencia e ineptitud de la Fiscalía ante denuncia que afecta a los colombianos&#8221;</a>
Nosotros, independientemente de algunos fallos judiciales en contrario, seguimos insistiendo que los espacios en Redes sociales abiertos especialmente por gobernantes y legisladores, con el fin de sostener comunicación con los ciudadanos, son de carácter público, y no como algunos de ellos aducen, dizque son privados. Serán privados cuando los utilicen exclusivamente para tratar temas sobre su vida familiar, social, personal y/o íntima, más no cuando son puestos en conocimiento de la ciudadanía como un canal de comunicación entre ésta y ellos, tal y como los puso en su momento el Congresista Juan David Vélez, y ahora su reemplazo, la Representante a la Cámara por la Diáspora, Carmen Ramírez Boscán.
Juan David Vélez lo hizo, bloqueó de sus espacios en Redes sociales a cuanto ciudadano opinaba diferente a él, mientras que la actual Congresista por el exterior, Carmen Ramírez hasta el momento no lo ha hecho, pero como van las cosas, creemos, y ojalá nos equivoquemos, en cualquier momento lo hará.
No está lejano el día en que la &#8220;Comisión Interamericana de Derechos Humanos&#8221;, de la Organización de Estados Americanos &#8220;OEA&#8221; responda a nuestra denuncia, la que estamos seguros será a nuestro favor; e igualmente seguimos esperando un pronunciamiento de nuestra Corte Constitucional sobre este tema específico. Mientras esto sucede, algunos gobernantes y legisladores podrán seguir argumentando que sus espacios en redes sociales son privados, y que por ello tienen el derecho a bloquear a quien consideren. Pareciera que les faltara valentía para enfrentar en debates públicos y abiertos a los ciudadanos, como si lo hacen entre ellos en el hemiciclo del Congreso principalmente.
Queda entonces claro que las Instituciones del gobierno colombiano, y lo extendemos a funcionarios, gobernantes y legisladores, mientras no retiren de sus espacios en Redes sociales la opción de que los ciudadanos puedan intercomunicarse con ellas y ellos a través de éstos, un Derecho de petición puede presentarse en esos espacios, y están en la obligación de responderlos.
Claro que en la forma como se pronunció nuestra H. Corte Constitucional sobre el derecho de petición a través de Redes sociales, y que se vaya dando a conocer más, va a dar lugar a que todas las Entidades gubernamentales, como Gobernantes, legisladores y funcionarios, retiren de sus espacios la opción de que los colombianos puedan publicar en sus perfiles, sin necesidad de bloquearlos, exactamente igual como lo hizo la Cancillería colombiana, entre otras.
Resultó peor la cura que la enfermedad?

Derecho de petición en Redes sociales: Corte Constitucional colombiana

Gran extrañeza a causado a esta Casa informativa, y a muchos colombianos en el mundo, el hecho de conocer el manejo u operatividad que se le da a las Páginas web y espacios en Redes sociales de los más de 120 Consulados en el mundo, y que describiremos a continuación:
Ni una sola página web, como tampoco espacio alguno en Redes sociales es administrado u operado directamente por los respectivos Consulados, y por ende, cualquier información que quieran suministrar esas sedes consulares a los ciudadanos por dichos medios deben remitirla al Ministerio de Relaciones Exteriores &#8211; Cancillería, no solo para que la apruebe, sino para que la introduzca o suba en esos medios masivos de información ciudadana, con las consecuencias de que, o bien se puede quedar por fuera al no ser publicada sin explicación alguna, o la demora en su publicación, que en la gran mayoría de ocasiones llega tarde.
Vea aquí: <a href="https://www.colexret.com/2022/05/31/2a-vuelta-elecciones-colombia-ni-petro-ni-rodolfo-con-los-colombianos-en-el-exterior/">2ª vuelta elecciones Colombia: Ni Petro ni Rodolfo con los colombianos en el exterior</a>
A continuación les transcribimos la explicación que sobre el tema nos rindió la Cancillería colombiana:
&#8220;El diseño, contenido y publicaciones en las páginas web de los consulados es un tema que 
exige rigor y uniformidad. Por esta importancia y por la repercusión que tiene la información oficial que se difunde a través de las páginas web y las redes sociales, los contenidos de cada Consulado o Sección Consular de Colombia son administrados institucionalmente, como en toda entidad pública o privada seria, por la Oficina de Prensa que debe revisar y editar los contenidos para subir en los sitios Web correspondientes. Así mismo, de acuerdo con sus funciones es la encargada de impartir las directrices que considere oportunas en ese tema.&#8221;
&#8220;&#8230;como en toda entidad pública o privada seria&#8221;.  Está diciendo nuestra Cancillería que los Consulados no son entidades serias?
Igualmente argumenta la Cancillería que las publicaciones que deseen subir a las web o espacios en Redes sociales nuestros Consulados, deben realizarse a través de la &#8220;Oficina de Prensa&#8221; de esa Institución, pues es ésta quien debe revisar y editar los contenidos para subir en los sitios Web correspondientes. Así mismo, de acuerdo con sus funciones es la encargada de impartir las directrices que considere oportunas en ese tema.
Ahora resultó la Oficina de Prensa de la Cancillería sabiendo o conociendo más sobre las informaciones que deben o no llegar a los ciudadanos, que los propios Consulados, quienes son los que tienen que lidiar a diario con las inquietudes o inconformismo ciudadano, e igualmente son estas entidades quienes deben decidir sobre qué información se debe dar a conocer a la ciudadanía.
Y vean Uds. como remata la respuesta nuestra Cancillería:
&#8220;No se puede olvidar que los consulados colombianos no son autónomos ni son tampoco 
dependencias independientes del Ministerio de Relaciones Exteriores.&#8221;
<h2>¿Qué son entonces los Consulados colombianos?</h2>
Marionetas o títeres de Cancillería sin poder decisorio, y que les falta seriedad para asumir responsablemente el tipo de información ciudadana que deben brindar?
Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/2022/04/27/sospechosa-defensa-de-canciller-colombiana-ante-escandalos-en-consulados/">Defensa de Canciller colombiana ante escándalos en Consulados</a>
En <a href="https://www.facebook.com/COLEXRET/?ref=pages_you_manage">COLEXRET</a> consideramos que la función informativa a través de las respectivas páginas web o redes sociales, relacionada con los colombianos en el exterior, que involucre a los Consulados, debe ser llevada a cabo por estos mismos, con la seriedad, responsabilidad y prontitud que se requiera. O es que no tenemos Cónsules idóneos para ello?

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